Artículo publicado en Punto Final Nº 607, el 23 de diciembre, 2005. Hoy lo publicamos en el blog porque estamos haciendo una recopilación de los artículos de opinión y editoriales que entregan una visión diferente que entrega la derecha a través de los canales de televisión y los grandes consorcios periodísticos.

¿Por quién votan los Empresarios?

PAUL WALDER

El sociólogo Alain Touraine ha reflexionado sobre las Izquierdas durante las dos últimas décadas. Las imágenes de la sociedad liberal, del cambio basado en las estrategias organizacionales y empresariales, seducen a muchos de los decepcionados por la acción política revolucionaria, señala. “Ello explica el júbilo con que tantos ex izquierdistas se entregan a un liberalismo extremo. Hacen el elogio del vacío o de lo efímero, de la liberación de la vida privada y del fin de las limitaciones y coacciones que imponían los modelos voluntaristas de sociedad” (Touraine, Crítica de la modernidad). Se trata de una conversión que viene a complementar el actuar de las viejas derechas. “La derecha ya no defiende a los de arriba, sino más bien defiende a los que avanzan y confía en los buenos estrategas para reducir los costos sociales del cambio”. El neoliberalismo no es ya un pensamiento ni una acción de partido, sino de una clase políticamente transversal identificada con el poder económico.

Las reflexiones de Touraine, escritas hacia principios de la década pasada, no pueden calzar mejor con la realidad chilena, con una Concertación que ha gobernado en perfecta sintonía con el sector privado, que se ha adaptado -y no a la inversa, seamos claros- a la institucionalidad económica generada en tiempos de la dictadura. Durante los primeros años noventa hubo un giro, un salto mortal en la Concertación, una transformación de su habla y su discurso, para convertirse de furiosos críticos del mercado, a oficiantes de él: y todo en un par de años.

Esta fusión nos lleva a plantearnos una pregunta que, pese a no ser nueva, está siempre presente: ¿Es la Concertación el mejor gobierno para el gran capital? El ex candidato a la presidencia del Junto Podemos Más, Tomás Hirsch, afirmó, con ironía, que Ricardo Lagos había sido el mejor presidente de derecha que había tenido Chile. Ante esta afirmación recordamos iniciativas durante su mandato como la empresarial Agenda Pro Crecimiento, los intentos por flexibilizar el mercado laboral, la misma y desvirtuada -por los senadores de la Concertación- reforma laboral, los tratados de libre comercio negociados entre las autoridades y representantes del sector privado a espaldas de la sociedad civil, los cobros de tasas de interés ilegales a vista y paciencia de las autoridades por parte de las casas comerciales, las tarifas de los servicios públicos establecidas sin el conocimiento de los consumidores… En resumen, durante estos últimos seis años el sector privado consiguió beneficios históricos. Si alguien ha resultado satisfecho de este tercer gobierno de la Concertación sin duda que es el gran sector privado, no, por cierto, la pequeña ni la mediana empresa.

Si realizamos un esbozo de evaluación del saliente gobierno lo primero que viene a la mente son las obras de infraestructura, por lo demás muy publicitadas por La Moneda, las que, sin embargo, son obra del sector privado. La red de autopistas, el Transantiago, el mismo Metro, son proyectos guiados por los gestores públicos pero realizados y operados por los privados con criterios de mercado. En cierto modo, ésta ha sido la impronta modernizadora de la Concertación.

Está, por cierto, el crecimiento económico y la inserción internacional, proceso que bien sabemos está acotado a la gran empresa. Y está también la reducción parcial de la extrema pobreza, que responde a políticas asistenciales propias de cualquier gobierno asistencialista de derecha. Se trata de un conjunto de políticas que pese a las críticas le han dado una sólida gobernabilidad a la Concertación, pese a haber mantenido un statu quo en lo que se refiere a la estructura social del país: tal vez menos pobreza extrema, pero una creciente y descarada inequidad en la distribución del ingreso.

Ante este plácido escenario, que ofrece gobernabilidad, estabilidad social y altas posibilidades de buenos negocios para la gran empresa, ¿por qué el empresariado, hoy, tendría interés en apoyar a otro candidato, como es el también empresario Sebastián Piñera? Tal vez porque con aún mayor énfasis desregularía lo aún regulado por el sector público, como lo que queda de normativa laboral, o privatizaría lo que queda del aparato productivo estatal, como Codelco, Enap o el mismo BancoEstado.

Esta es, sin embargo, una respuesta simplista. Como dice Touraine, la certeza que el gran capital halla en los conversos está no sólo en su nueva convicción capitalista, sino también en su capacidad de estrategas para hacer el cambio -que son las llamadas reformas neoliberales- y reducir sus efectos sociales. Un gobierno de derecha, por muy populista que sea, como lo es la UDI, está inhabilitado para interactuar y contener, por carecer de base e historia ideológica, a las fuerzas sociales más duras. Los ex izquierdistas de la Concertación sí están habilitados para seducir, y, en cierto modo, para engañar con mayor convicción.

LOS MAS GRANDES CONVERSOS

El giro de los hoy conversos lo conocemos muy bien pero nunca está demás recordarlo. No vaya a ser cosa que de tanto verlo nos parezca algo natural y lo olvidemos. Los tres gobiernos de la Concertación no han hecho otra cosa que administrar un modelo político y económico iniciado por la derecha y los grupos empresariales a partir de septiembre de 1973. La transformación de la economía chilena a partir de aquel año, desde un esquema de gran intervención estatal hacia uno de libre mercado, no tuvo un quiebre con el traspaso, en 1989, del régimen político. Los gobiernos democráticos de la Concertación no alteraron de forma sustantiva el modelo económico instaurado con la dictadura militar.

Durante la primera mitad de los noventa el primer gobierno de la Concertación se las batía entre fuerzas contrapuestas: las intenciones, apoyadas en ciertos principios éticos, se estrellaban ya sea con la institucionalidad heredada del gobierno militar como con poderes de facto, que se extendían desde los mismos militares a los empresarios. Los años iniciales de esa década modelaron una forma blanda, errática y temerosa de administración apoyada en el espejismo del consenso político, que significaba ajustar cualquier decisión a la censura previa de los poderes tras bambalinas. La política de los consensos fue también el inicio de la aniquilación del original discurso ético, el que se fragmentaba, disfrazaba y ocultaba ante sus eventuales interlocutores. Un ejercicio de travestismo político, como lo denominó poco más tarde el sociólogo Tomás Moulian. La sibilina ruta del pensamiento y las acciones de esa administración ha quedado retratada en aquel discurso que buscaba justicia “en la medida de lo posible” para los millares de casos de violaciones a los derechos humanos. Si se recomendaba una moralidad parcial a la justicia, en esos años la herencia más brutal de la dictadura militar, el resto de las demandas sociales también podían cubrirse con el mismo manto. Lo que tenemos hoy es un efecto de aquellas políticas basadas en el mero pragmatismo, que no es otra cosa que el consenso, el empate o la simple comodidad.

Lo cierto es que así fue en las políticas económicas. El modelo que habían iniciado veinte años atrás los funcionarios del régimen militar durante los albores de la corriente neoliberal ya estaba engarzado en la institucionalidad económica, por cierto vigilada por el sector privado y sus centinelas militares. El modelo de libre mercado se incorporó en los nuevos gobiernos como una pieza más del aparato del Estado. Había que administrarlo, acaso mejorarlo.

Aun cuando durante la primera mitad de los años noventa hubo una sensible reducción de los índices de pobreza -que pasaron de un 45 a un 27 por ciento-, a partir de 2000 los niveles se han estancado. Lo mismo ha ocurrido con la tasa de desempleo: entre 1985 y 1989 registró un promedio de 14,2 por ciento, bajó al 7,6 entre 1990 y 2000 y, posteriormente, ha vuelto a subir, aunque amortiguada con planes de empleo de emergencia de muy baja productividad y rentabilidad social. Durante el último año ha habido una nueva baja en la desocupación, pero se trata más de un logro estadístico que real: hay más empleos informales -que simplemente se suman a los números oficiales- lo que es una mayor población con remuneraciones mínimas y en condiciones de empleo muy precario.

Decimos que las afirmaciones de Touraine no pueden ser más precisas para la experiencia chilena. Hay un cruce que hoy se hace casi natural entre funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos de la Concertación y el sector privado. Los mejores lobbistas están entre ex políticos de la misma Concertación. Han cruzado el Rubicón ideológico de sus propias conciencias y se han instalado como hombres modernos, desideologizados, de éxito económico y también social.

Si ello es lo que ha ocurrido en las cúpulas de los partidos otrora de Izquierda, en el empresariado, tradicionalmente de derecha, ocurre otro síndrome, que tiene sus orígenes en sus bolsillos. Tras algunos años de desconfianza ante estos nuevos capitalistas, finalmente el sector privado ha logrado establecer una gran y sagrada comunión con los conversos. Juntos avanzan hacia el altar del progreso, que no es otra cosa que el arca sacra del capital que, de una u otra manera, a todos beneficiará.

Esta comunión podemos simbolizarla en un gran evento ocurrido a comienzos de 2000, denominado Agenda Pro Crecimiento. Como el lector recordará, esta fue una iniciativa de la Sociedad de Fomento Fabril acogida con beneplácito por el gobierno. En términos más o menos simples, era allanar el camino al accionar del sector privado. En otras y más claras palabras: instalar los mecanismos para que la empresa privada logre más beneficios.

Otro evidente ejemplo del sesgo proempresarial del actual gobierno y de la Concertación, se observa en la naturaleza de los proyectos aprobados. Un estudio realizado hace unos meses por la Fundación Terram reveló la enorme diferencia de tiempos en la aprobación de proyectos de ley de contenido económico y favorables a la gran empresa, respecto a proyectos de carácter social.

Y eso es lo que se ha logrado: los resultados al tercer trimestre de este año reflejan de forma bastante clara lo que ha sido el diseño del actual modelo económico. Sólo el 19 por ciento de las grandes empresas que cotizan en la Bolsa obtuvieron grandes ganancias, que fueron las más altas desde enero-marzo de 2004. En tanto, para otras grandes empresas la utilidad fue bastante superior a la media histórica de los últimos diez trimestres. Lo que hay es una concentración de las utilidades, un trasvasije de la riqueza, fenómeno que ocurre en toda la estructura económica nacional.

NO ES SOLO UN

ASUNTO DE GENES

Bajo estas circunstancias, tremendamente favorables para la gran empresa, ¿cómo entender un interés por parte del sector privado por cambiar a los administradores políticos, como se ha visto en las millonarias campañas de Sebastián Piñera -quien tiene recursos propios- y de Joaquín Lavín? Intentaremos responder esta interrogante.

Partimos de la base de un empresariado nacional de derecha, lo que no quita en las actuales circunstancias su pragmatismo comercial. El gran empresariado aporta recursos no sólo a los candidatos de derecha, también lo hace a los de la Concertación, actividad que no cambia necesariamente sus creencias o intereses políticos atávicos.

Pese a las similitudes en materia económica entre la Concertación y la derecha, y a las diferencias en cuanto a capacidad de administrar los conflictos sociales, el sector privado chileno, sin perder su pragmatismo en materia comercial, puede optar y apoyar a un eventual gobierno de derecha. No es el mundo al revés, como se podría pensar: es simplemente por la nivelación, por el aplanamiento social y cultural -que es también desmovilización y miedo a perder el empleo- generado por la consolidación de un modelo económico.

El modelo económico neoliberal tiene aires totalitarios. “Esa extraña dictadura”, dice Viviane Forrester. Marcos García de la Huerta también vincula las denominadas modernizaciones económicas con la destrucción de la institucionalidad democrática, lo que lleva, o apunta, a la legitimación de los autoritarismos. El discurso económico neoliberal, que se ve a sí mismo como técnico, puro, ahistórico, apolítico y objetivo “se impuso a través de la liquidación de los organismos civiles y la proscripción más o menos violenta de los otros proyectos hasta entonces coexistentes con él. El discurso modernizador, en este aspecto, se asocia con la antipolítica de las dictaduras, que articula el discurso modernizador, el ‘imperialismo de la economía’ y la imposición de un solo modelo de crecimiento y pensamiento”, dice en Pensar la política.

En cierto modo, lo que el poder económico ha logrado en estos largos años de consolidación del neoliberalismo es la consolidación de una nueva institucionalidad (de mercado), la que cruza todas las esferas nacionales, desde el sector público, las relaciones comerciales y productivas a, incluso, la vida privada. Podemos decir que es ésta nuestra definición como Estado-nación, característica que no se alterará con el actual statu ni con una eventual oscilación entre la derecha y la Concertación. Las bases del modelo seguirán inalteradas.

ALGUIEN MUEVE EL PISO

En este escenario, mover el péndulo hacia la derecha no es riesgoso para el sector privado. Pero otra cosa es la alteración de las bases, como, por ejemplo, es el proyecto que busca desarmar el sistema electoral binominal. El consenso se quiebra y saltan de la noche a la mañana atávicas diferencias políticas. A la propuesta legal levantada por el gobierno de Ricardo Lagos, que intenta cautivar a una masa desencantada y abúlica de la Concertación y su flanco izquierdo, el candidato-empresario Sebastián Piñera, de manera casi instintiva, impugnó la idea pese a haber elogiado durante años una iniciativa de esta naturaleza. Un cambio al sistema binominal permitiría el ingreso futuro al Congreso de fuerzas críticas, las que no sólo podrían bloquear ciertos proyectos, sino también generar un discurso que desprestigie y desinstale -como ha sucedido y sucede en la mayoría de los países latinoamericanos- el actual modelo económico.

En diciembre de 1999, cuando calificaron para el balotaje Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, el gobierno del entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle envió al Congreso un proyecto de ley de reforma laboral, que otorgaba o devolvía poder a los trabajadores mediante mayores facultades de sindicalización, como era la asociación por ramas de actividad. La iniciativa fue resistida con tesón por el empresariado y la derecha política, que colmaron sus medios de prensa con intervenciones catastrofistas para la economía en un período, por cierto, de virtual recesión derivada de la crisis asiática.

Cuando retomó el proyecto de ley el gobierno de Ricardo Lagos, que lo reenvió al Congreso con ciertas modificaciones, la iniciativa fue prácticamente desmontada en el Senado. Llegó a convertirse en una ley que, finalmente, no recogía los aspectos originales del proyecto.

No sin cierta tristeza podemos observar hoy el envío del proyecto que pone fin al sistema binominal. Podríamos decir que la historia es cíclica, y que el 15 de enero volverá a ganar la Concertación. Pero la verdadera tristeza surgirá cuando tras aquel triunfo volvamos a ver que todo vuelve a ser como ha sido desde hace quince años.

La traición de Ricardo Lagos

Igual que bajo la dictadura a muchos les costó convencerse de las violaciones de los DDHH, ahora son millones los que todavía no asumen que el ex Presidente asumió una clara opción preferencial por los ricos

Raúl Gutiérrez V., editor del GRANVALPARAISO (JULIO DE 2007)

DICEN QUE UN desconformado cerebral envió hace poco al ex presidente Ricardo Lagos un correo electrónico para amenazarlo de muerte, acción que merece por cierto el más absoluto de los repudios, porque si alguna lección podemos sacar de la historia política de nuestro país en las últimas décadas es que la violencia física contra las personas es siempre, sin excepción alguna, repudiable. Claro que no cabe descartar que se trate de un montaje comunicacional, un burdo tongo para desviar las crecientes críticas que apuntan al engreído político que considera un simple trámite su retorno al Palacio de la Moneda.

Por mi parte, anuncio que estoy preparando una bomba en contra del presidente, la cual pretendo entregársela tan pronto como sea posible. Es una bomba imposible de detectar para los efectivos de los servicios de seguridad que “seguramente” han comenzado a seguir a sol y a sombra al ex mandatario ante los anuncios de amenazas en su contra. Pretendo acercarme a él con mi carga en la mano, a la vista y paciencia de quienes lo rodeen, mirarlo a los ojos y escrutar si logra el reconocer al alumno universitario de hace cuatro décadas o al profesional que trabajó esporádicamente con él hace un cuarto de siglo; si noto señales de que me ha reconocido, mi tarea será más fácil, pues entonces lo saludaré y le diré “por favor, don Ricardo, dedíqueme este libro”... y le pasaré la bomba. Quiero ver cómo se contrae su rostro y se le enrojece el semblante y cómo su mano rechaza el bolígrafo que yo le extienda para que me escriba la supuesta dedicatoria en ese viejo ejemplar que conservo del libro que él escribió a comienzos de la década de los 60, antes del Mundial de fútbol que tuvo lugar en Chile, ese ensayo que se llamó “La concentración del poder económico en Chile”. Creo que resultará para él una bomba indigesta que este antiguo alumno y seguidor suyo en los tiempos de la dictadura le haga presente de manera tan brutal la inconsecuencia que ha marcado su vida en los últimos años y en especial durante su gobierno, el que pretende por desgracia para los chilenos, reeditar para el Bicentenario.

LA CONFESIÓN DE ESTRATEGIA

Tomo una edición reciente del diario Estrategia, que circula entre los ejecutivos de grandes empresas y del sector financiero y encuentro una declaración que a muchos de los incautos laguistas podría sonarle casi inverosímil: “Es vergonzoso cómo grandes empresarios se arreglan con el gobierno”. Es un economista de la consultora Géminies el que formula tan explosivas declaraciones: “la recordada frase los empresarios amamos a Lagos está plenamente vigente y revela que para este grupo el gobierno de la Concertación ha sido muy favorable”.

Que un diario conspicuamente empresarial, como Estrategia, consigne estas declaraciones debiera relevarnos de la obligación de allegar cualquier otro tipo de prueba. El gobierno de Lagos llegó al poder esgrimiendo la consigna de crecimiento con equidad, pero el promedio de expansión del producto en los seis años de su período fue más bajo que el promedio de la década de los noventa, a lo que se agrega el hecho criminal de que la concentración del ingreso se agudizó debido a una política económica que buscó en forma sistemática favorecer a los más ricos a costa de los más pobres y del medio ambiente. Acerca de estas afirmaciones hay comprobaciones irrefutables, aparte claro de la entusiasta confesión de los grandes empresarios, al punto que en privado confidencian que les conviene mucho más la permanencia de la Concertación en el poder, a que la Derecha la reemplace, ya que ésta podría incurrir en acciones de carácter populista.

DE FREI RUIZ-TAGLE A LAGOS ESCOBAR

Este fue el camino por el que empezó en 1995 a transitar Eduardo Frei Ruiz Tagle, un mediocre tecnócrata que la noche del 11 de septiembre de 1973 celebró con champaña el derrocamiento de Salvador Allende, y que profundizó en forma implacable Ricardo Lagos. El sesgo pro empresarial y pro Estados Unidos lo había adquirido desde mucho antes que llegara a la presidencia de la República, pero se entregó a esta tendencia por completo cuando fruto de alguna oscura negociación con la UDI recibió de ésta la promesa de no seguir persiguiendo la responsabilidad de Lagos en el escándalo MOP-GATE. No se trata de un infundio miserable, sino que de una realidad, de hechos acerca de los cuales numerosos periodistas de gran prestigio pueden allegar sólidos antecedentes y que más temprano que tarde llegarán a conocimiento público, rompiendo el embargo que Lagos y su círculo de hierro han logrado mantener hasta ahora.

A mediados de junio, el prestigiado periodista Ascanio Cavallo, autor de “La historia oculta del régimen militar”, confidenció con colegas de la radio Duna, entre ellos el conocido Fernando Villegas, acerca de la situación gravísima que encaró Ricardo Lagos en la primera mitad de su sexenio y que estuvo a punto de significar la destitución del ocupante del palacio de la Moneda, debido a la de las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra. A partir de entonces, pues, Ricardo Lagos traiciona lo poco que le quedaba de socialista y se entrega en cuerpo y alma al servicio del gran empresariado.

A FAVOR DE LA GRAN EMPRESA

En la entrevista a que me refiero en Estrategia, el economista Alejandro Fernández admite sin ambages que la política económica de los gobiernos tanto de Lagos como de su opaca sucesora ha sido claramente pro empresa grande: “Me da vergüenza ver cómo los grandes gremios empresariales se arreglan con el Gobierno. La actitud que ha habido por ejemplo respecto del Proyecto de Depreciación Acelerada es un tema tal vez marginal en cuanto a la relación que se ha ido forjando”. Aludiendo al abortado proyecto, por el cual el todopoderoso Ministro de Hacienda se jugó a fondo, Fernández comenta: “La pelea pública que viven algunos gremios empresariales en favor de una ley que los iba a beneficiar a ellos, no al país sino que directamente a ellos, es una vergüenza que tiende a desmerecer el rol del empresario en la actividad económica y en la sociedad en general”.

¿Es preciso agregar mayores antecedentes? “Cuando hay un dirigente empresarial (no cualquiera, cabría precisar, el máximo dirigente del gran empresariado, declara los empresarios amamos al Presidente Lagos, me parece que estamos en presencia de un gesto de honestidad claro y que revela que para los grandes empresarios los gobiernos de la Concertación han sido y siguen siendo favorables, porque son los que han tenido la posibilidad de no digo arreglarse la situación para ellos, pero sí de afectar las regulaciones, las restricciones y las exigencias de una manera mucho mejor”.

EN LA SENDA DE PINOCHET

Esta opción por los ricos es la misma que expuso a comienzos de los ochenta el general Augusto Pinochet cuando dijo que había que cuidar a los propietarios de grandes fortunas porque ellos eran los que daban empleos. La gran diferencia es que mientras Pinochet lo dijo crudamente, Ricardo Lagos siguió ocultando esta opción detrás de una palabrería y una parafernalia comunicacional y escénica que lo mostraban como preocupado principalmente de los pobres. Este engaño es el que justifica el encono, la animadversión que le profesamos hoy en día muchos de quienes creímos en él desde jóvenes.

Esa opción preferencial por los ricos se manifiesta en muchos aspectos de la sociedad que ha ido emergiendo desde los años 90; una sociedad donde si bien puede haberse reducido el número de pobres absolutos, a consecuencia básicamente del propio crecimiento económico (avance que se observa en todos los continentes, por lo demás), la desigualdad se ha agudizado, el engaño colectivo se ha hecho habitual, la desvergüenza y la corrupción nos invaden y el culto al dios poder es lo único que mantiene unido a la coalición gobernante.

La manipulación de las cifras económicas permite decirnos que a mediados de la primera década del siglo 21 la distribución del ingreso se asemeja a la que teníamos en 1991. Si eso fuera cierto, habría motivos suficientes para que Lagos y la Concertación se mostraran avergonzados porque ellos llegaron al poder con la consigna del crecimiento con equidad. En rigor, la situación es mucho peor de la que vivía el país a fines del tiempo de la dictadura. Los propagandistas de la Concertación nos quieren hacer creer que la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es hoy en Chile semejante a la de comienzos de la década del 90. Puede que tengan razón; la pregunta es qué sucede cuando tomamos ya no el 10% más rico, donde hay muchos profesionales bien pagados, pequeños y medianos empresarios, sino cuando tomamos el 5% más rico, o mejor todavía el 1% más rico. Entonces veremos cómo las distancias se han ensanchado de manera brutal, debido precisamente a la opción preferencial de los ricos que hizo suyo con todo entusiasmo Ricardo Lagos bajo su gobierno, tendencia que ha continuado ocultando bajo su sonrisa cautivante, buena onda, la Presidenta Bachelet que de estas cosas entiende tanto como yo de física cuántica.

A la mencionada política económica se agrega la mantención de un sistema tributario perverso, basado en la recaudación del IVA, el impuesto más regresivo de todos, porque golpea por igual al rico que se compra un Mercedes Benz, como al pobre cuando adquiere un kilo de pan. Mientras tanto, las personas de más altos ingresos y las empresas pagan una miseria de impuestos, pues hacen uso de artilugios que la propia legislación les franquea o de innumerables excepciones que les permiten saquear nuestras riquezas básicas, sean ellas mineras, pesqueras o forestales y depredar el medio ambiente; mientras, las familias de clase media no pueden hacer descargas por concepto de número de hijos que tienen en la casa o de los ancianos progenitores a los cuales mantienen. Pese a que nunca antes el Fisco chileno había conocido situación de mayor holgura que la que exhibe ahora, debido a los precios inimaginables a que ha trepado el cobre, no se percibe ningún interés real por parte de la señora Bachelet, ni lo hubo por parte del gobierno de Lagos, de modificar esta estructura tributaria perversa que favorece a los empresarios y a los ricos.

LA TRAICION DE LAGOS

Es posible que no haya otra alternativa que la economía de mercado, pero cabe dejar constancia de que si bien el modelo es en líneas esenciales el mismo en Japón, en Francia, en Nueva Zelandia, Australia, Estados Unidos o España, admite también importantes ajustes y adecuaciones en función del espíritu más o menos socialdemócrata o progresista de los gobiernos o de las respectivas sociedades de cada país. En el caso de Chile, la Concertación ha perfeccionado y optimizado la gestión del modelo instaurado por los Chicago Boys bajo la dictadura militar. Ricardo Lagos podría haber tenido la honestidad intelectual y plantear que no hay otro camino, que se terminó convenciendo de que el neoliberalismo materialista, consumista, depredador era o es el camino que a la larga conduce al mayor bienestar, a la mayor dignidad. Pudo haber alegado que el político tiene que buscar las mejores opciones en el mundo real y adecuar los ideales y principios a los dictados del mundo real. Habría en ese caso conservado mi respeto y el de muchos que en su época de socialista y progresista lo admiramos; pero al traicionar esos ideales y utilizar toda su capacidad histriónica y su verba para encubrir tan monstruoso escamoteo, se ganó nuestro desprecio y nuestra inquina.

Sólo un refinado manejo comunicacional y el apoyo que sumando y restando le prestó la gran prensa a la que con tanto interés le entregó miles de millones de pesos en campañas publicitarias gubernamentales, explican que Ricardo Lagos mantenga todavía un fuerte apoyo ciudadano.

Así como durante la dictadura fueron millones los chilenos que se dejaron manipular por los medios de comunicación y por sus propios prejuicios, negándose a escuchar los gritos de los torturados y el dolor de tantos que eran dejados atrozmente, así todavía vastos sectores ciudadanos siguen ciegos y sordos ante el legado de Ricardo Lagos, pero la verdad tiene su hora y a la postre quedará al descubierto la magnitud de la felonía de Lagos y de la defraudación que perpetró en perjuicio de todo Chile y en especial de quienes sueñan con un país más solidario e integral.

Balance del gobierno de Lagos:
autoritarismo neoliberal

Roberto Ortiz

Punto Final
Fuente: Rebelion.org

Ricardo Lagos Escobar termina su mandato como presidente de la República retirándose con una popularidad cercana al 70%. Algo inédito que lo sitúa, según sus admiradores más fervorosos -que incluso ambientan su reelección para el 2010-, entre los mejores presidentes que ha tenido Chile.

Más allá de las exageraciones, el gobierno de Lagos merece un análisis cuidadoso. Con él llega a la plenitud la aplicación del modelo neoliberal instaurado por la dictadura militar. Ya no es posible ir más allá. Ricardo Lagos es uno de los líderes de la llamada “tercera vía”, impulsada por el socialismo europeo y las corrientes socialdemócratas estrechamente vinculadas al imperio norteamericano. Lagos recorrió el mundo hablando del “milagro chileno”, que implícitamente legitima el modelo económico de Pinochet. Para Washington, Lagos es el paradigma del “izquierdista bueno”, capaz de mantener excelentes relaciones con el imperio porque no obstaculiza la globalización capitalista. Al contrario, colabora eficazmente con ella.

Un análisis de su gestión debería dar respuesta a una pregunta inquietante: ¿Cómo un gobierno que logra promedios de crecimiento mediocres -inferiores a los de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle-, que sirve de instrumento a los designios norteamericanos en la región y que no resuelve los problemas principales de la sociedad, que incluso los agrava, es visto como un gobierno de Izquierda y obtiene niveles de aprobación tan elevados?

UN EXITO QUE ES FRACASO

Chile figura entre los países considerados con mejor manejo macroeconómico en el mundo. Esa circunstancia provoca elogios desmedidos, pero, paradojalmente, constituye un ejemplo límite de lo que significa ese tipo de éxito. En ese contexto, es aparentemente inexplicable que con un ingreso per cápita cercano a los 7.000 dólares, haya tres millones de pobres, 500 mil desempleados y que falten 500 mil viviendas, sin mencionar los tremendos déficits en salud y educación. Mientras el 45% de los jóvenes de familias pobres que buscan trabajo no lo encuentran, la educación chilena vegeta entre las peor evaluadas del mundo (en las últimas evaluaciones PISA apareció en los lugares 35 y 36, de un total de 41 países). Aumenta la desigualdad de ingresos: entre 1990 y 2005 la distancia entre el 5% más rico y el 5% más pobre se elevó de 110 a 220 veces. El sistema previsional se encuentra en crisis, imposibilitado de ofrecer prestaciones adecuadas a millones de afiliados a las AFP que deberán recibir miserables pensiones mínimas financiadas por el Estado. Entretanto, en el sistema de AFP hay acumulados más de 70 mil millones de dólares.

La concentración del capital en Chile es impresionante. Según el FMI, en 2004 Chile tenía el mercado bursátil más concentrado de América Latina y de las economías emergentes del mundo. Sólo el 38% de los títulos no estaban en manos de los controladores, y el año 2003 tres grupos económicos concentraban el 74% del patrimonio de todas las sociedades anónimas. Las utilidades de las grandes empresas suben año a año -y durante el gobierno de Lagos han batido récords-. Las de los bancos culminaron en 2005, al finalizar el sexenio, con una ganancia de más de 778 mil millones de pesos (1.467 millones de dólares), lo que significa un aumento del 12,78% respecto del año anterior.

El ejemplo que mejor caracterizó la política económica del gobierno de Lagos fue la relación con las transnacionales que invierten conforme a las garantías establecidas en el DL 600, sobre inversión extranjera, impuesto por la dictadura. De esas transnacionales las más importantes están en la gran minería del cobre, y producen prácticamente el doble que la empresa estatal Codelco principalmente a base de concentrados, es decir, con muy escaso nivel de elaboración. Más o menos a mediados de 2003 se incrementó la producción cuprífera de las transnacionales que operan en Chile, produciendo en el mercado mundial una sobreoferta que hizo caer drásticamente los precios. El período de recuperación comenzó con la reactivación económica de los países occidentales y el fuerte aumento de la demanda de China, que, con tasas de crecimiento de entre 9 y 10 por ciento al año, lidera la demanda de materias primas y se ha convertido en la cuarta potencia económica mundial. En Chile se produjo también un aumento de las inversiones en el cobre. En 2000 la inversión extranjera registraba una baja anual del 20% y en la actualidad ostenta un crecimiento del 23%.

En junio de 2002 un grupo de personalidades ligadas a la defensa del cobre presentó una demanda civil contra las transnacionales por el daño directo que sus prácticas habían causado al Estado desde el momento de la transición. Lo estimaron en 32 mil millones de dólares. En la demanda abordaron el tema de la sobreproducción, de la evasión tributaria, de los fraudes cometidos con los precios de transferencia, el pago excesivo de intereses por préstamos proporcionados por la casa matriz o alguna filial, los costos de seguros y fletes abultados, etc.

A pesar de estas denuncias -en las que destacó el ex senador Jorge Lavandero- que demostraron que las transnacionales eludían impuestos y burlaban la ley, nada hizo el gobierno. Una acuciosa investigación realizada por las comisiones de Hacienda y Minería del Senado llegó a conclusiones similares, que no lograron conmover al Ejecutivo, preocupado de mantener las mejores relaciones con las transnacionales a sabiendas de que éstas se aprovechaban de esta situación.

Entonces, detonó el caso Disputada. Propiedad de Exxon, la transnacional decidió vender Disputada a la Anglo American en 1.700 millones de dólares. Disputada no había pagado nunca impuestos. Durante veinticuatro años declaró pérdidas. Entretanto, en el período total produjo más de tres millones de toneladas de cobre fino por un valor cercano -entonces- a 6.200 millones de dólares. Supuestamente, la empresa constituía un pésimo negocio dada la situación de pérdidas permanentes. Sin embargo, Anglo American estuvo dispuesta a pagar 1.700 millones de dólares, y con ello hacerse de un crédito contra el Fisco por 700 millones de dólares, por lo que es probable que Anglo American tampoco pague impuestos durante el resto de vida útil del yacimiento.

Aunque las transnacionales siguieron haciendo su agosto, en el gobierno de Lagos quedó claro que la opinión pública estaba preocupada y no creía en la limpieza y honradez de las transnacionales. Por primera vez comenzaron a perfilarse sus exacciones en perjuicio de Chile.

Finalmente, en el gobierno de Lagos, después de un tímido intento de royalty para la minería rechazado en el Congreso, en una segunda tentativa se aprobó un impuesto específico del orden del 5%, escalonado, que tendría un rendimiento de alrededor de cien millones de dólares al año, destinado en su mayor parte a un fondo de innovación tecnológica. El proyecto aprobado contó con el visto bueno de las empresas extranjeras. Sin embargo, ahora, cuando se acerca el día en que debe pagar, minera Escondida ha notificado al gobierno que no cancelará el impuesto porque un socio minoritario está acogido a invariabilidad tributaria, circunstancia que “arrastraría” a los accionistas mayoritarios. La lógica lleva a pensar que el socio acogido a la invariabilidad no debe pagar el impuesto específico llamado royalty, y sí deben hacerlo en proporción a sus acciones los que no gozan de la invariabilidad tributaria. Pero ese será un problema que deberá resolver la presidenta Michelle Bachelet.

LA INVERSION EXTRANJERA

En Chile se ha configurado un cuadro complejo en cuanto a la manera como funciona la inversión extranjera, que ha agravado el gobierno de Lagos con las garantías a la inversión extranjera que ofrecen los distintos tratados de libre comercio suscritos por el país.

Esos tratados han sido pilares en la política económica del presidente Lagos. Corresponden a formalizaciones de las relaciones económicas internacionales en el marco de la globalización neoliberal. Lógicos y razonables en la mayoría de los casos -en que se trata de economías complementarias y/o de aprovechar ventajas para las exportaciones chilenas, acoger inversiones que signifiquen recursos externos y además tecnología y asegurar intercambios fluidos-, pasan a ser discutibles cuando se trata de relaciones con grandes economías. Especialmente en el caso del TLC con Estados Unidos que tiene, además, sentido geopolítico de alianza y vinculación estratégica. Lo esencial allí son las garantías para las inversiones norteamericanas y su calidad de “primer paso hacia el Alca”. Como ha sido reconocido por el presidente Bush, y caracterizado por el ex secretario de Estado Colin Powell: “Nuestro objetivo con el Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) es garantizar para las empresas norteamericanas el control del territorio que va desde el Polo Artico hasta la Antártica y el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”, declaró.

El TLC con Estados Unidos fue la culminación exitosa de la opción tomada por la Concertación de privilegiar la relación con la superpotencia en desmedro de entendimientos con los países latinoamericanos, que en su mayoría rechazan el Alca y buscan caminos complementarios y de ayuda mutua en el plano económico y también en las relaciones políticas, lo que ha provocado un creciente aislamiento de Chile que sólo en los últimos meses del gobierno de Lagos parece haber sido comprendido en sus verdaderas dimensiones. Los múltiples tratados de libre comercio, finalmente, se convirtieron en logros mediáticos que convencieron a muy amplios sectores de que Chile está a poca distancia de transformarse en país desarrollado y que es considerado un socio deseable -y virtualmente indispensable- para los países más influyentes del planeta. Algo que, obviamente, sólo contribuye a la autocomplacencia y el engreimiento de los sectores dominantes y juega como cortina de humo para el conjunto de la población.

AVANCES DEMOCRATIZADORES

Durante el gobierno de Lagos hubo progresos legislativos importantes. Eran indispensables, porque recogieron aspiraciones socialmente impostergables y mejoraron la imagen y proyección internacional del país, lo que también ayuda a los negocios. Se inscriben en ese ámbito las reformas constitucionales que, sin ser plenamente democratizadoras, eliminaron algunos de los aspectos más retrógrados de la Constitución de Pinochet, como los senadores vitalicios y designados, el rol controlador del Consejo de Seguridad Nacional -que fue reducido a órgano asesor-, y la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del director general de Carabineros. Por su parte, la ley de divorcio, la aplicación en todo el país de la reforma procesal penal, la creación de los tribunales de familia, el equiparamiento legal de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, la eliminación de la censura cinematográfica, los avances en materia de libertad de expresión, etc., significaron, en los hechos, más democracia y mayores espacios de libertad y proyección a los derechos humanos.

En este último punto también hubo avances. No atribuibles sólo al gobierno, sino en forma determinante a la presión de los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos y otras víctimas de la dictadura que incluso impidieron algunos intentos encubiertos de impunidad a los que no fue ajeno el gobierno. Entre ellos la teoría de la llamada “amnistía impropia” desarrollada por la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, mientras era funcionaria de confianza del presidente de la República. Con todo, culminó la mesa de diálogo que marcó el inicio de una apertura de las Fuerzas Armadas a reconocer la verdad de lo ocurrido durante la dictadura. Por su parte, la Comisión Valech, creada para investigar la aplicación sistemática de la tortura en el régimen de Pinochet, culminó su trabajo con un informe que conmovió a la opinión pública. Hubo nuevas iniciativas de carácter reparatorio y específicamente indemnizaciones para las víctimas de la tortura, que fueron criticadas como insuficientes por las organizaciones de derechos humanos.

¿MILITARES CONVERTIDOS?

Como en otros ámbitos de relación con los poderes fácticos, el gobierno de Ricardo Lagos aseguró amplio margen de autonomía a las Fuerzas Armadas, siempre y cuando ello no se hiciera ostensible o significara un abierto desafío a las reglas democráticas. Se produjo al mismo tiempo una especie de convergencia entre el proyecto del gobierno y los proyectos de las distintas ramas de las FF.AA. que buscan su relegitimación en la sociedad, dejando atrás su siniestra imagen de la dictadura y articulando lazos con la sociedad civil. Eso indica que la dinámica dominante fue la determinada por las propias Fuerzas Armadas y no hubo una política del gobierno dirigida a cambios de fondo. No hubo, obviamente, planes de reestructuración, tampoco de reforma a fondo de la previsión, de examen y limitación del gasto militar, de término del Servicio Militar Obligatorio, de control democrático sobre las instituciones armadas, etc. Se mantienen por lo tanto las formas tradicionales de disciplina, no han desaparecido los abusos contra los conscriptos y tampoco se exhibe una preocupación específica por sus derechos, como se puso en evidencia en las tragedias de Antuco y de la Antártica que costaron casi 50 víctimas.

Los comandantes en jefe de las distintas ramas dieron sin embargo pasos positivos. Especialmente el general Juan Emilio Cheyre, que marcó pautas en términos de reivindicación de las figuras de los generales René Schneider y Carlos Prats, ex comandantes en jefe del ejército asesinados por la ultra derecha, sin por eso dejar de rendir honores y dar amplias facilidades al ex dictador y ex comandante en jefe Augusto Pinochet, que se convirtió en personaje repudiable hasta para buena parte de sus seguidores luego del escándalo de las cuentas secretas en el Banco Riggs para ocultar su cuantiosa fortuna de origen hasta ahora desconocido y el descubrimiento de su mafia familiar dedicada a eludir impuestos y cometer fraudes tributarios.

La labor del general Cheyre se orientó a la relegitimación del ejército en una actitud que fue seguida por los otros comandantes en jefe. Lograron avances considerables en la evaluación que la opinión pública hace de los militares. Como contrapartida, las Fuerzas Armadas lograron también apoyo de la opinión pública para una amplia política de compra de armamentos, que ha significado renovación del equipamiento de tanques, blindados, cohetería y medios de transporte en el ejército; para la Fuerza Aérea, la adquisición de aviones F-16 B nuevos en Estados Unidos y aviones F-16 usados para renovar la dotación de caza-bombarderos. Por su parte, la Armada está renovando la flota de superficie con fragatas inglesas y holandesas reacondicionadas y dispone ya de dos submarinos Scorpene de última generación con propulsión convencional. La compra de armamentos mantiene a Chile con el mayor índice per cápita de gasto militar en Sudamérica y esto provoca inquietud en los países vecinos, especialmente Bolivia y Perú, que denuncian el armamentismo chileno.

Las Fuerzas Armadas muestran, además, creciente cercanía con EE.UU. y su política de defensa. Cada vez son más frecuentes las maniobras en que participan efectivos chilenos junto a militares norteamericanos. Se espera que en los próximos meses Chile sea designado, como ya lo fue Argentina, aliado estratégico extra-Otan de Estados Unidos. Por otra parte, ha habido preocupación por capacitar unidades militares como fuerzas de paz de Naciones Unidas que, por lo general, actúan de acuerdo a la orientación imperial.

DEFICIT MEDIOAMBIENTAL

La bancarrota de la institucionalidad medioambiental ante la magnitud de los problemas no resueltos adecuadamente, fue una de las características del gobierno de Ricardo Lagos. A la no dictación de la ley sobre bosque nativo, se unieron situaciones aberrantes como la intensificación de la tala del alerce, favorecida por una red de protección política en que se vio involucrado hasta un senador de la Concertación. El episodio de Celulosa Celco, en Valdivia, que contaminó el río Cruces burlando a las autoridades ambientales en un verdadero fraude favorecido por ser una empresa propiedad de Anacleto Angelini -uno de los tres hombres más ricos de Chile-, provocó escándalo. Igualmente lo ocurrido con la planta de tratamiento de aguas servidas de La Farfana. Presentada por su propietaria, Aguas Andinas, como una de las más modernas del mundo e inaugurada con fanfarrias por el presidente de la República, a las pocas semanas colapsó por imposibilidad de tratamiento de los lodos fecales. El gobierno no sancionó a la empresa, que en definitiva resolvió el problema sin reacondicionar la planta sino simplemente transportando los lodos diariamente al vertedero de Tiltil. Finalmente, el proyecto aurífero Pascua Lama, en Huasco, pone en peligro el equilibrio ecológico y la agricultura del valle. La empresa canadiense Barrick Gold, en la que tiene intereses el ex presidente George Bush padre, ostenta un siniestro historial de tráfico de influencias y atropellos al medioambiente en varios otros países. Las normas a las que debió adaptar su proyecto en Chile no descartan que en el futuro Barrick Gold insista en remover los glaciares que le permitirían realizar faenas extractivas a tajo abierto en la cordillera.

Por otra parte, la aplicación de la ley de pesca, negociada con los grandes industriales, ha favorecido la depredación de los recursos, al punto que la merluza y el jurel están amenazados en su sobrevivencia.

AUTORITARISMO NEOLIBERAL

Ricardo Lagos dispuso en mayor grado que sus antecesores de carisma personal y liderazgo. Combina atractivo y talento con un fuerte autoritarismo que -mayoritariamente- la sociedad chilena recibe con agrado.

Su Chile democrático, cohesionado, participativo e incluyente fue una ilusión con altos dividendos electorales. A pesar de las reformas, la Constitución conserva las líneas matrices del pinochetismo que la inspiró. No sólo en cuanto al sistema electoral binominal sino también en materias como la concepción del derecho de propiedad, la concesión minera, las diversas leyes que requieren quórums distintos para su aprobación y reforma, la inhibición explícita del Estado como agente económico, la autonomía del Banco Central, el Consejo de Seguridad Nacional (aunque sea meramente asesor), el no reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, etc. Tampoco puede hablarse de un país cohesionado si existen diferencias insalvables entre ricos y pobres y menos de un país incluyente, cuando se padece una intensa xenofobia en especial contra peruanos y bolivianos, se discrimina a los mapuche y otros pueblos originarios y se da a los discapacitados un trato que los condena a ser “los ignorados” por la sociedad.

En la falta de participación se evidencia el carácter autoritario del gobierno de Lagos. Un presidente que basó parte de su autoridad en el golpe en la mesa, el dedo inquisidor o en la pataleta, que no resiste las críticas y no facilita la participación de los que considera inferiores. El autoritarismo, además, facilitó la corrupción que siguió permeando la administración desde el nivel nacional y regional hasta el comunal.

Ese sesgo autoritario está profundamente anclado en el carácter nacional. Viene de los tiempos coloniales y se institucionalizó con Diego Portales y la república conservadora, que siempre privilegió el orden y la estabilidad por sobre la democracia y el ejercicio libre de los derechos ciudadanos. Ese espíritu no ha desaparecido. Ricardo Lagos se convirtió en el transcurso del sexenio en un líder arrogante, convencido de su rol magisterial y celosísimo de la dignidad del cargo.

El autoritarismo debilita la democracia, como lo muestra la marginación del ciudadano del sistema electoral y de su adhesión misma al sistema político. Según el informe del PNUD de 2004, solamente el 50% de las personas entonces encuestadas se declaró a favor de la democracia, como superior a otra forma de gobierno.

Poco o nada hizo el presidente Lagos para dar participación a los ciudadanos o apoyar la expresión pluralista de opiniones. Prefirió la acción paternalista, temeroso de despertar dinámicas difíciles de controlar. Se adoptaron decisiones que afectan la vida diaria de las personas sin escucharlas y ni siquiera preguntarles. Así se iniciaron planes para construir enormes centrales hidroeléctricas que cambiaron el paisaje, el modo de vida y hasta el clima de regiones completas, o explotaciones mineras e industriales que contaminan las aguas y acaban con la flora y fauna.

Más que una economía soberana, sólida y capaz de crecer autónomamente con base en el mercado interno y la exportación de productos con alta incorporación de valor, Lagos consolidó el modelo exportador de materias primas, aumentó la dependencia y favoreció a los sectores privilegiados, llevando la concentración del poder económico -que había criticado duramente en un libro de juventud- al nivel más alto de la historia del país. Pero, al mismo tiempo, el control de la inflación, complementado con las facilidades de endeudamiento y los restringidos aumentos de remuneraciones permitieron incrementos en el consumo y mejoramiento de la calidad de vida de amplios sectores. Hubo también mejoramientos perceptibles para millones de chilenos gracias a las obras concesionadas en infraestructura y transportes -caminos, puentes, ferrocarril, autopistas, duplicación de la cobertura del Metro de Santiago y sistemas interurbanos ferroviarios en Valparaíso y Concepción. Con todo, el sistema de concesiones implica resultados imprevisibles. No solamente porque se trata de contratos de largo plazo que pueden tener variaciones negativas para el país -por incumplimiento de las concesionarias, nuevas exigencias, mala calidad de materiales utilizados o de los servicios comprometidos sino, además, porque no existe un adecuado sistema de fiscalización. Por lo pronto, a fines de 2005 se constató un déficit fiscal de más de 1.260 millones de dólares que deberá pagar el Fisco como costo adicional a las concesionarias. Respecto de sus orígenes, no hay transparencia.

A través de los medios de comunicación controlados por los grupos económicos se ha dado una sensación de progreso y modernidad con fuerte apoyo en elementos simbólicos, como la imagen internacional del país, el liderazgo del presidente de la República y también actividades culturales multitudinarias y grandes construcciones y espacios -museos, bibliotecas, teatros, centros patrimoniales, los Proyectos Bicentenario, etc. Ello explicaría la cota de popularidad con que Lagos deja el cargo.

Previsiblemente, sin embargo, no se trata de algo duradero. Por eso la nueva presidenta de la República, Michelle Bachelet, reitera compromisos de gobierno no cumplidos en materia de igualdad, participación ciudadana, previsión social y medioambiente. Ricardo Lagos se retira rodeado del afecto de los empresarios y las transnacionales y también del reconocimiento de amplios sectores populares y de clase media. Pero se trata de una construcción que se irá descascarando y mostrará las grietas del fracaso. Por ellas resurgirán las tensiones sociales y el feo rostro del modelo neoliberal, maquillado durante seis años por el ahora ex presidente.