Balance del gobierno de Lagos:
autoritarismo neoliberal

Roberto Ortiz

Punto Final
Fuente: Rebelion.org

Ricardo Lagos Escobar termina su mandato como presidente de la República retirándose con una popularidad cercana al 70%. Algo inédito que lo sitúa, según sus admiradores más fervorosos -que incluso ambientan su reelección para el 2010-, entre los mejores presidentes que ha tenido Chile.

Más allá de las exageraciones, el gobierno de Lagos merece un análisis cuidadoso. Con él llega a la plenitud la aplicación del modelo neoliberal instaurado por la dictadura militar. Ya no es posible ir más allá. Ricardo Lagos es uno de los líderes de la llamada “tercera vía”, impulsada por el socialismo europeo y las corrientes socialdemócratas estrechamente vinculadas al imperio norteamericano. Lagos recorrió el mundo hablando del “milagro chileno”, que implícitamente legitima el modelo económico de Pinochet. Para Washington, Lagos es el paradigma del “izquierdista bueno”, capaz de mantener excelentes relaciones con el imperio porque no obstaculiza la globalización capitalista. Al contrario, colabora eficazmente con ella.

Un análisis de su gestión debería dar respuesta a una pregunta inquietante: ¿Cómo un gobierno que logra promedios de crecimiento mediocres -inferiores a los de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle-, que sirve de instrumento a los designios norteamericanos en la región y que no resuelve los problemas principales de la sociedad, que incluso los agrava, es visto como un gobierno de Izquierda y obtiene niveles de aprobación tan elevados?

UN EXITO QUE ES FRACASO

Chile figura entre los países considerados con mejor manejo macroeconómico en el mundo. Esa circunstancia provoca elogios desmedidos, pero, paradojalmente, constituye un ejemplo límite de lo que significa ese tipo de éxito. En ese contexto, es aparentemente inexplicable que con un ingreso per cápita cercano a los 7.000 dólares, haya tres millones de pobres, 500 mil desempleados y que falten 500 mil viviendas, sin mencionar los tremendos déficits en salud y educación. Mientras el 45% de los jóvenes de familias pobres que buscan trabajo no lo encuentran, la educación chilena vegeta entre las peor evaluadas del mundo (en las últimas evaluaciones PISA apareció en los lugares 35 y 36, de un total de 41 países). Aumenta la desigualdad de ingresos: entre 1990 y 2005 la distancia entre el 5% más rico y el 5% más pobre se elevó de 110 a 220 veces. El sistema previsional se encuentra en crisis, imposibilitado de ofrecer prestaciones adecuadas a millones de afiliados a las AFP que deberán recibir miserables pensiones mínimas financiadas por el Estado. Entretanto, en el sistema de AFP hay acumulados más de 70 mil millones de dólares.

La concentración del capital en Chile es impresionante. Según el FMI, en 2004 Chile tenía el mercado bursátil más concentrado de América Latina y de las economías emergentes del mundo. Sólo el 38% de los títulos no estaban en manos de los controladores, y el año 2003 tres grupos económicos concentraban el 74% del patrimonio de todas las sociedades anónimas. Las utilidades de las grandes empresas suben año a año -y durante el gobierno de Lagos han batido récords-. Las de los bancos culminaron en 2005, al finalizar el sexenio, con una ganancia de más de 778 mil millones de pesos (1.467 millones de dólares), lo que significa un aumento del 12,78% respecto del año anterior.

El ejemplo que mejor caracterizó la política económica del gobierno de Lagos fue la relación con las transnacionales que invierten conforme a las garantías establecidas en el DL 600, sobre inversión extranjera, impuesto por la dictadura. De esas transnacionales las más importantes están en la gran minería del cobre, y producen prácticamente el doble que la empresa estatal Codelco principalmente a base de concentrados, es decir, con muy escaso nivel de elaboración. Más o menos a mediados de 2003 se incrementó la producción cuprífera de las transnacionales que operan en Chile, produciendo en el mercado mundial una sobreoferta que hizo caer drásticamente los precios. El período de recuperación comenzó con la reactivación económica de los países occidentales y el fuerte aumento de la demanda de China, que, con tasas de crecimiento de entre 9 y 10 por ciento al año, lidera la demanda de materias primas y se ha convertido en la cuarta potencia económica mundial. En Chile se produjo también un aumento de las inversiones en el cobre. En 2000 la inversión extranjera registraba una baja anual del 20% y en la actualidad ostenta un crecimiento del 23%.

En junio de 2002 un grupo de personalidades ligadas a la defensa del cobre presentó una demanda civil contra las transnacionales por el daño directo que sus prácticas habían causado al Estado desde el momento de la transición. Lo estimaron en 32 mil millones de dólares. En la demanda abordaron el tema de la sobreproducción, de la evasión tributaria, de los fraudes cometidos con los precios de transferencia, el pago excesivo de intereses por préstamos proporcionados por la casa matriz o alguna filial, los costos de seguros y fletes abultados, etc.

A pesar de estas denuncias -en las que destacó el ex senador Jorge Lavandero- que demostraron que las transnacionales eludían impuestos y burlaban la ley, nada hizo el gobierno. Una acuciosa investigación realizada por las comisiones de Hacienda y Minería del Senado llegó a conclusiones similares, que no lograron conmover al Ejecutivo, preocupado de mantener las mejores relaciones con las transnacionales a sabiendas de que éstas se aprovechaban de esta situación.

Entonces, detonó el caso Disputada. Propiedad de Exxon, la transnacional decidió vender Disputada a la Anglo American en 1.700 millones de dólares. Disputada no había pagado nunca impuestos. Durante veinticuatro años declaró pérdidas. Entretanto, en el período total produjo más de tres millones de toneladas de cobre fino por un valor cercano -entonces- a 6.200 millones de dólares. Supuestamente, la empresa constituía un pésimo negocio dada la situación de pérdidas permanentes. Sin embargo, Anglo American estuvo dispuesta a pagar 1.700 millones de dólares, y con ello hacerse de un crédito contra el Fisco por 700 millones de dólares, por lo que es probable que Anglo American tampoco pague impuestos durante el resto de vida útil del yacimiento.

Aunque las transnacionales siguieron haciendo su agosto, en el gobierno de Lagos quedó claro que la opinión pública estaba preocupada y no creía en la limpieza y honradez de las transnacionales. Por primera vez comenzaron a perfilarse sus exacciones en perjuicio de Chile.

Finalmente, en el gobierno de Lagos, después de un tímido intento de royalty para la minería rechazado en el Congreso, en una segunda tentativa se aprobó un impuesto específico del orden del 5%, escalonado, que tendría un rendimiento de alrededor de cien millones de dólares al año, destinado en su mayor parte a un fondo de innovación tecnológica. El proyecto aprobado contó con el visto bueno de las empresas extranjeras. Sin embargo, ahora, cuando se acerca el día en que debe pagar, minera Escondida ha notificado al gobierno que no cancelará el impuesto porque un socio minoritario está acogido a invariabilidad tributaria, circunstancia que “arrastraría” a los accionistas mayoritarios. La lógica lleva a pensar que el socio acogido a la invariabilidad no debe pagar el impuesto específico llamado royalty, y sí deben hacerlo en proporción a sus acciones los que no gozan de la invariabilidad tributaria. Pero ese será un problema que deberá resolver la presidenta Michelle Bachelet.

LA INVERSION EXTRANJERA

En Chile se ha configurado un cuadro complejo en cuanto a la manera como funciona la inversión extranjera, que ha agravado el gobierno de Lagos con las garantías a la inversión extranjera que ofrecen los distintos tratados de libre comercio suscritos por el país.

Esos tratados han sido pilares en la política económica del presidente Lagos. Corresponden a formalizaciones de las relaciones económicas internacionales en el marco de la globalización neoliberal. Lógicos y razonables en la mayoría de los casos -en que se trata de economías complementarias y/o de aprovechar ventajas para las exportaciones chilenas, acoger inversiones que signifiquen recursos externos y además tecnología y asegurar intercambios fluidos-, pasan a ser discutibles cuando se trata de relaciones con grandes economías. Especialmente en el caso del TLC con Estados Unidos que tiene, además, sentido geopolítico de alianza y vinculación estratégica. Lo esencial allí son las garantías para las inversiones norteamericanas y su calidad de “primer paso hacia el Alca”. Como ha sido reconocido por el presidente Bush, y caracterizado por el ex secretario de Estado Colin Powell: “Nuestro objetivo con el Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) es garantizar para las empresas norteamericanas el control del territorio que va desde el Polo Artico hasta la Antártica y el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”, declaró.

El TLC con Estados Unidos fue la culminación exitosa de la opción tomada por la Concertación de privilegiar la relación con la superpotencia en desmedro de entendimientos con los países latinoamericanos, que en su mayoría rechazan el Alca y buscan caminos complementarios y de ayuda mutua en el plano económico y también en las relaciones políticas, lo que ha provocado un creciente aislamiento de Chile que sólo en los últimos meses del gobierno de Lagos parece haber sido comprendido en sus verdaderas dimensiones. Los múltiples tratados de libre comercio, finalmente, se convirtieron en logros mediáticos que convencieron a muy amplios sectores de que Chile está a poca distancia de transformarse en país desarrollado y que es considerado un socio deseable -y virtualmente indispensable- para los países más influyentes del planeta. Algo que, obviamente, sólo contribuye a la autocomplacencia y el engreimiento de los sectores dominantes y juega como cortina de humo para el conjunto de la población.

AVANCES DEMOCRATIZADORES

Durante el gobierno de Lagos hubo progresos legislativos importantes. Eran indispensables, porque recogieron aspiraciones socialmente impostergables y mejoraron la imagen y proyección internacional del país, lo que también ayuda a los negocios. Se inscriben en ese ámbito las reformas constitucionales que, sin ser plenamente democratizadoras, eliminaron algunos de los aspectos más retrógrados de la Constitución de Pinochet, como los senadores vitalicios y designados, el rol controlador del Consejo de Seguridad Nacional -que fue reducido a órgano asesor-, y la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del director general de Carabineros. Por su parte, la ley de divorcio, la aplicación en todo el país de la reforma procesal penal, la creación de los tribunales de familia, el equiparamiento legal de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, la eliminación de la censura cinematográfica, los avances en materia de libertad de expresión, etc., significaron, en los hechos, más democracia y mayores espacios de libertad y proyección a los derechos humanos.

En este último punto también hubo avances. No atribuibles sólo al gobierno, sino en forma determinante a la presión de los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos y otras víctimas de la dictadura que incluso impidieron algunos intentos encubiertos de impunidad a los que no fue ajeno el gobierno. Entre ellos la teoría de la llamada “amnistía impropia” desarrollada por la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, mientras era funcionaria de confianza del presidente de la República. Con todo, culminó la mesa de diálogo que marcó el inicio de una apertura de las Fuerzas Armadas a reconocer la verdad de lo ocurrido durante la dictadura. Por su parte, la Comisión Valech, creada para investigar la aplicación sistemática de la tortura en el régimen de Pinochet, culminó su trabajo con un informe que conmovió a la opinión pública. Hubo nuevas iniciativas de carácter reparatorio y específicamente indemnizaciones para las víctimas de la tortura, que fueron criticadas como insuficientes por las organizaciones de derechos humanos.

¿MILITARES CONVERTIDOS?

Como en otros ámbitos de relación con los poderes fácticos, el gobierno de Ricardo Lagos aseguró amplio margen de autonomía a las Fuerzas Armadas, siempre y cuando ello no se hiciera ostensible o significara un abierto desafío a las reglas democráticas. Se produjo al mismo tiempo una especie de convergencia entre el proyecto del gobierno y los proyectos de las distintas ramas de las FF.AA. que buscan su relegitimación en la sociedad, dejando atrás su siniestra imagen de la dictadura y articulando lazos con la sociedad civil. Eso indica que la dinámica dominante fue la determinada por las propias Fuerzas Armadas y no hubo una política del gobierno dirigida a cambios de fondo. No hubo, obviamente, planes de reestructuración, tampoco de reforma a fondo de la previsión, de examen y limitación del gasto militar, de término del Servicio Militar Obligatorio, de control democrático sobre las instituciones armadas, etc. Se mantienen por lo tanto las formas tradicionales de disciplina, no han desaparecido los abusos contra los conscriptos y tampoco se exhibe una preocupación específica por sus derechos, como se puso en evidencia en las tragedias de Antuco y de la Antártica que costaron casi 50 víctimas.

Los comandantes en jefe de las distintas ramas dieron sin embargo pasos positivos. Especialmente el general Juan Emilio Cheyre, que marcó pautas en términos de reivindicación de las figuras de los generales René Schneider y Carlos Prats, ex comandantes en jefe del ejército asesinados por la ultra derecha, sin por eso dejar de rendir honores y dar amplias facilidades al ex dictador y ex comandante en jefe Augusto Pinochet, que se convirtió en personaje repudiable hasta para buena parte de sus seguidores luego del escándalo de las cuentas secretas en el Banco Riggs para ocultar su cuantiosa fortuna de origen hasta ahora desconocido y el descubrimiento de su mafia familiar dedicada a eludir impuestos y cometer fraudes tributarios.

La labor del general Cheyre se orientó a la relegitimación del ejército en una actitud que fue seguida por los otros comandantes en jefe. Lograron avances considerables en la evaluación que la opinión pública hace de los militares. Como contrapartida, las Fuerzas Armadas lograron también apoyo de la opinión pública para una amplia política de compra de armamentos, que ha significado renovación del equipamiento de tanques, blindados, cohetería y medios de transporte en el ejército; para la Fuerza Aérea, la adquisición de aviones F-16 B nuevos en Estados Unidos y aviones F-16 usados para renovar la dotación de caza-bombarderos. Por su parte, la Armada está renovando la flota de superficie con fragatas inglesas y holandesas reacondicionadas y dispone ya de dos submarinos Scorpene de última generación con propulsión convencional. La compra de armamentos mantiene a Chile con el mayor índice per cápita de gasto militar en Sudamérica y esto provoca inquietud en los países vecinos, especialmente Bolivia y Perú, que denuncian el armamentismo chileno.

Las Fuerzas Armadas muestran, además, creciente cercanía con EE.UU. y su política de defensa. Cada vez son más frecuentes las maniobras en que participan efectivos chilenos junto a militares norteamericanos. Se espera que en los próximos meses Chile sea designado, como ya lo fue Argentina, aliado estratégico extra-Otan de Estados Unidos. Por otra parte, ha habido preocupación por capacitar unidades militares como fuerzas de paz de Naciones Unidas que, por lo general, actúan de acuerdo a la orientación imperial.

DEFICIT MEDIOAMBIENTAL

La bancarrota de la institucionalidad medioambiental ante la magnitud de los problemas no resueltos adecuadamente, fue una de las características del gobierno de Ricardo Lagos. A la no dictación de la ley sobre bosque nativo, se unieron situaciones aberrantes como la intensificación de la tala del alerce, favorecida por una red de protección política en que se vio involucrado hasta un senador de la Concertación. El episodio de Celulosa Celco, en Valdivia, que contaminó el río Cruces burlando a las autoridades ambientales en un verdadero fraude favorecido por ser una empresa propiedad de Anacleto Angelini -uno de los tres hombres más ricos de Chile-, provocó escándalo. Igualmente lo ocurrido con la planta de tratamiento de aguas servidas de La Farfana. Presentada por su propietaria, Aguas Andinas, como una de las más modernas del mundo e inaugurada con fanfarrias por el presidente de la República, a las pocas semanas colapsó por imposibilidad de tratamiento de los lodos fecales. El gobierno no sancionó a la empresa, que en definitiva resolvió el problema sin reacondicionar la planta sino simplemente transportando los lodos diariamente al vertedero de Tiltil. Finalmente, el proyecto aurífero Pascua Lama, en Huasco, pone en peligro el equilibrio ecológico y la agricultura del valle. La empresa canadiense Barrick Gold, en la que tiene intereses el ex presidente George Bush padre, ostenta un siniestro historial de tráfico de influencias y atropellos al medioambiente en varios otros países. Las normas a las que debió adaptar su proyecto en Chile no descartan que en el futuro Barrick Gold insista en remover los glaciares que le permitirían realizar faenas extractivas a tajo abierto en la cordillera.

Por otra parte, la aplicación de la ley de pesca, negociada con los grandes industriales, ha favorecido la depredación de los recursos, al punto que la merluza y el jurel están amenazados en su sobrevivencia.

AUTORITARISMO NEOLIBERAL

Ricardo Lagos dispuso en mayor grado que sus antecesores de carisma personal y liderazgo. Combina atractivo y talento con un fuerte autoritarismo que -mayoritariamente- la sociedad chilena recibe con agrado.

Su Chile democrático, cohesionado, participativo e incluyente fue una ilusión con altos dividendos electorales. A pesar de las reformas, la Constitución conserva las líneas matrices del pinochetismo que la inspiró. No sólo en cuanto al sistema electoral binominal sino también en materias como la concepción del derecho de propiedad, la concesión minera, las diversas leyes que requieren quórums distintos para su aprobación y reforma, la inhibición explícita del Estado como agente económico, la autonomía del Banco Central, el Consejo de Seguridad Nacional (aunque sea meramente asesor), el no reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, etc. Tampoco puede hablarse de un país cohesionado si existen diferencias insalvables entre ricos y pobres y menos de un país incluyente, cuando se padece una intensa xenofobia en especial contra peruanos y bolivianos, se discrimina a los mapuche y otros pueblos originarios y se da a los discapacitados un trato que los condena a ser “los ignorados” por la sociedad.

En la falta de participación se evidencia el carácter autoritario del gobierno de Lagos. Un presidente que basó parte de su autoridad en el golpe en la mesa, el dedo inquisidor o en la pataleta, que no resiste las críticas y no facilita la participación de los que considera inferiores. El autoritarismo, además, facilitó la corrupción que siguió permeando la administración desde el nivel nacional y regional hasta el comunal.

Ese sesgo autoritario está profundamente anclado en el carácter nacional. Viene de los tiempos coloniales y se institucionalizó con Diego Portales y la república conservadora, que siempre privilegió el orden y la estabilidad por sobre la democracia y el ejercicio libre de los derechos ciudadanos. Ese espíritu no ha desaparecido. Ricardo Lagos se convirtió en el transcurso del sexenio en un líder arrogante, convencido de su rol magisterial y celosísimo de la dignidad del cargo.

El autoritarismo debilita la democracia, como lo muestra la marginación del ciudadano del sistema electoral y de su adhesión misma al sistema político. Según el informe del PNUD de 2004, solamente el 50% de las personas entonces encuestadas se declaró a favor de la democracia, como superior a otra forma de gobierno.

Poco o nada hizo el presidente Lagos para dar participación a los ciudadanos o apoyar la expresión pluralista de opiniones. Prefirió la acción paternalista, temeroso de despertar dinámicas difíciles de controlar. Se adoptaron decisiones que afectan la vida diaria de las personas sin escucharlas y ni siquiera preguntarles. Así se iniciaron planes para construir enormes centrales hidroeléctricas que cambiaron el paisaje, el modo de vida y hasta el clima de regiones completas, o explotaciones mineras e industriales que contaminan las aguas y acaban con la flora y fauna.

Más que una economía soberana, sólida y capaz de crecer autónomamente con base en el mercado interno y la exportación de productos con alta incorporación de valor, Lagos consolidó el modelo exportador de materias primas, aumentó la dependencia y favoreció a los sectores privilegiados, llevando la concentración del poder económico -que había criticado duramente en un libro de juventud- al nivel más alto de la historia del país. Pero, al mismo tiempo, el control de la inflación, complementado con las facilidades de endeudamiento y los restringidos aumentos de remuneraciones permitieron incrementos en el consumo y mejoramiento de la calidad de vida de amplios sectores. Hubo también mejoramientos perceptibles para millones de chilenos gracias a las obras concesionadas en infraestructura y transportes -caminos, puentes, ferrocarril, autopistas, duplicación de la cobertura del Metro de Santiago y sistemas interurbanos ferroviarios en Valparaíso y Concepción. Con todo, el sistema de concesiones implica resultados imprevisibles. No solamente porque se trata de contratos de largo plazo que pueden tener variaciones negativas para el país -por incumplimiento de las concesionarias, nuevas exigencias, mala calidad de materiales utilizados o de los servicios comprometidos sino, además, porque no existe un adecuado sistema de fiscalización. Por lo pronto, a fines de 2005 se constató un déficit fiscal de más de 1.260 millones de dólares que deberá pagar el Fisco como costo adicional a las concesionarias. Respecto de sus orígenes, no hay transparencia.

A través de los medios de comunicación controlados por los grupos económicos se ha dado una sensación de progreso y modernidad con fuerte apoyo en elementos simbólicos, como la imagen internacional del país, el liderazgo del presidente de la República y también actividades culturales multitudinarias y grandes construcciones y espacios -museos, bibliotecas, teatros, centros patrimoniales, los Proyectos Bicentenario, etc. Ello explicaría la cota de popularidad con que Lagos deja el cargo.

Previsiblemente, sin embargo, no se trata de algo duradero. Por eso la nueva presidenta de la República, Michelle Bachelet, reitera compromisos de gobierno no cumplidos en materia de igualdad, participación ciudadana, previsión social y medioambiente. Ricardo Lagos se retira rodeado del afecto de los empresarios y las transnacionales y también del reconocimiento de amplios sectores populares y de clase media. Pero se trata de una construcción que se irá descascarando y mostrará las grietas del fracaso. Por ellas resurgirán las tensiones sociales y el feo rostro del modelo neoliberal, maquillado durante seis años por el ahora ex presidente.